Peatonalizar “no” privatizar
Dos conceptos distintos
En fechas recientes ha sido notable como en algunos sectores del centro histórico –sobretodo su parte norte–han ido apareciendo barreras o algún tipo de elemento que impide el paso de vehículos a estas calles. Sin embargo sí se mantiene el paso de vehículos para los residentes de estas zonas, que normalmente estacionan precisamente en las calles donde pretenden de echo limitar el paso de vehículos de motor.
Lo que pareciera un intento por transformar estas calles hacia un modelo que favorece más al peatón no es si no la privatización del espacio mismo que en la calle ocupan estos vehículos, sobra decir de carácter privado. Es el equivalente a un masivo apartado de lugar, del que muchas veces se ha hecho mención y rechazo en distintos espacios y foros.
Peatonalizar un espacio en favor de una mejor circulación significa liberar una calle de la presencia de vehículos, no una simple limitante para que aquellos que en la calle en cuestión habitan puedan tener un mejor acceso a sus casa, calles más silenciosas y por consecuente una mejor plusvalía de sus propiedades. Lo que finalmente se hace es transformar él espació público en una propiedad “privada”
Precisamente los beneficios que hemos mencionado antes, vienen acompañados de una serie de desventajas que en su mediación significan el sentido y beneficio público. Que una calle este libre de tráfico y presencia de automóviles en el frente de las fachadas, también aplica para los residentes del lugar, de no ser así el caso, el fenómeno se reduce a dar beneficios a un grupo minoritario por encima de la mayoría.
Imaginemos por un momento que cada uno de los habitantes del centro o de la ciudad demanda iguales condiciones para su calles sin un acuerdo de por medio. Que decidiera limitar el acceso a su calle en virtud de “mantener” el sentido particular y privativo de alguna calle o callejón. El resultado sería la imposibilidad de circular de un lado a otro libremente por la ciudad, rompiendo un derecho común.
Impulsar el modelo peatonal o semi-peatonal en algún sector de la ciudad no puede ser el resultado de la decisión de un grupo de vecinos que decide cerrar su calle. Debería ser un proceso de negociación con beneficios y compromisos por igual, donde queden claras la reglas del juego y se obtengan igualdad de condiciones sobre un espacio; la calle que no olvidemos, representa la mayor parte del espacio público de las ciudades.
Normalmente cuando se inicia un proceso de mejora de la infraestructura peatonal en algún lugar, existe una resistencia por una parte de los habitantes de estas calles a que se limite su acceso a la cales que habitan. Aunque también es normal que estén de acuerdo en que el resto de los vehículos de la ciudad queden fuera de esta posibilidad si ellos no son incluidos en estas restricciones. Esta forma de pensar se conoce como NIMBYsmo y proviene del inglés: Not in my back yard. –no en mi jardín trasero–
Es decir, esto esta bien mientras no me afecte a mi en lo particular, en este caso quiero mi calle sin tráfico excepto el mío propio. La pregunta es, ¿qué beneficio trae al resto de los habitantes de la ciudad que se limite el transito en alguna calle propiedad de todos?
Desde luego que en esta columna hemos prodigado sobre los beneficios de hacer la ciudad más amables para los peatones y disminuir la presencia de los vehículos de motor en la ciudad. Pero este proceso debe ser resultado de un proceso de planeación y acuerdo, de un análisis consiente de los costos y beneficios que esto acarrea, así como de las responsabilidades y compromisos que tanto sociedad y gobierno obtienen.
Si los propietarios y residentes de una calle quieren reducir el tráfico en sus fachadas y así incrementar el valor de sus propiedades, lo justo sería que se incluyan en el esquema y no supongan que sus autos están exentos de esta responsabilidad. El beneficio que implica una calle más silenciosa y un incremento del 15% al 75% el costo de su propiedad debería ser suficiente, de otra manera la aplicación de altos impuestos particulares por ese derecho equilibra la balanza.
Las ciudades deben encontrar mecanismos donde este tipo de modelos se construyan sin que las administraciones pierdan rectoría sobre lo que propiedad de todos. Poner por acuerdo vecinal un valla en el acceso de una calle pública no es otra cosa que sobrepasar a la administración y negar el derecho de circulación a muchos en beneficio de muy pocos.
La calle es un valor público y su transformación hacia un espacio amable con el peatón debe ser un proceso regulado y justo, donde haya derechos y obligaciones compartidas, y donde todos seamos parte de los beneficios y responsabilidades que el modelo de la ciudad pro-peatón significa.
Casa de la Ciudad