El juego de la bolita I
Transporte público
Un fenómeno se ha hecho común en los últimos tiempos de la vida política de nuestro país, la burocracia se ha multiplicado increíblemente incrementando por consiguiente su costo. Según estudios del CIDE una media del 50 por ciento del dinero público en municipios se dedica al pago de nómina y operación, aunque los hay los que gastan un 80 %. Lo que limita la capacidad de estos de realizar inversiones por ejemplo en infraestructura básica.
Aparecen cada tanto distintas instituciones, de ámbito municipal, estatal y federal, que en teoría están avocados a cubrir los mismos temas; medio ambiente, manejo del agua, transporte, etc. Lo curioso es que parece que esta duplicidad de cargos no ha servido de mucho para confrontar los retos que enfrentan la sociedad y en particular aquellos que aquejan las ciudades.
Por el contrarío, muchas veces debido a las cautelas y mediciones políticas, parece que quienes deberían trabajar en el mismo sentido se abandonan unos a otra y muchas veces incluso se trastocan.
Un hecho reciente da muestra de eso y sorprende de sobremanera, el Cabildo de la ciudad, ante las distintas confrontaciones que ha suscitado prestadores de servicio del transporte público llama al Secretario de transporte del gobierno estatal a dar cuentas sobre el estado de las cosas al tiempo que este –el Cabildo– se desmarcan de esta problemática.
Sorprende de sobremanera esta actitud escuchada de múltiples miembros de la administración municipal, sobre todo en el seno del Cabildo, órgano que esta constitucionalmente facultado para no sólo confrontar estos problemas. Si no para crear las herramientas legales que hagan falta para poner orden en la estructura del transporte en su demarcación, que es cierto al día de hoy se ha convertido más en un problema que en una solución para los habitantes de la ciudad.
Así lo establece nuestra constitución en su artículo 115, fracciones: II, III, V, en particular la fracción V dicta: Los Municipios en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, tendrán facultades para: H) Intervenir en la formulación y aplicación de Programas de Trasporte Público de Pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial. Así también el artículo 131 brinda la formula para que los municipios actúen en la regulación de estos servicios.
Sin restar de ninguna manera responsabilidad a los encargados de Secretaría de Vialidad y Transporte del estado, los ciudadanos de a pié de esta ciudad no podemos consentir que nuestras administraciones den pasos de costado. Y se desmarquen de situaciones tan duras para su vida cotidiana como la que implica el mal servicio y golpeteo constante de algunos prestadores de este tipo de servicios.
Por el contrarío, lo que se requiere para enfrentar estas dificultades es una toma de responsabilidades colectiva y que nuestros servidores públicos asuman su función e inicien un proceso de dialogo con sus comunes, para dar solución a estas situaciones tan cítricas y cotidianas.
Se requiere superar el constante temor de los costos políticos y darse cuenta de la urgencia de ciertas situaciones que aquejan a la ciudad y sus habitantes. Hacer las alianzas que hagan falta, tomar las decisiones que sean requeridas y que nuestros servidores públicos actúen más como tales antes que como miembros tal o cual grupo o partido.
Reciente mente se hacia del conocimiento una encuesta –que si bien limitada– revelaba que hasta el 90 por ciento de los habitantes de la ciudad hacen uso del transporte público en la ciudad. Lo que significaría que lo que suceda en este sector afecta como consecuencia al 90 por ciento de la población, lo que debería ser lo suficientemente importante para hacer que la sociedad y sus gobiernos se pongan a trabajar profundamente sobre el tema.
De igual manera, debería ser un llamado para que los prestadores del servido y en particular sus líderes entren en un proceso de reflexión sobre la responsabilidad que compaña la concesión pública que ostentan. Poner contra las cuerdas a la ciudad una o dos veces a la semana no ayuda en nada a mejorarlas condiciones de vida de está y sus habitantes. Por el contrario, es una forma más de sumirla en la crisis económica y de valores que arrastra hace ya varios años.
En vez de desviar la mirada es necesario que todos nos involucremos un poco más en este problema, que hagamos un mejor seguimiento de la situación y como es que la abordan nuestros representantes, La población organizada tiene la capacidad de incidir en estas situaciones al igual que lo hacen los actores sociales que hasta ahora se han visto involucrados, por desgracia pocas veces en favor de la mayoría.
Casa de la Ciudad